Opiniones de nuestro Socio Fundador Carlos Caro para Perú 21, sobre la aplicación de la 'muerte civil' para las empresas y la posible repercusión en las investigaciones fiscales.
Enlace web: Perú 21 - 07.01.17
El Poder Ejecutivo publicó este sábado el último paquete de decretos en el marco de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso por 90 días. Entre las 13 normas promulgadas figura una que busca castigar a las empresas que incurran en los delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Con el decreto legislativo N° 1352 se amplía la responsabilidad administrativa de personas jurídicas, modificándose la Ley N° 30424 —que anteriormente solo regulaba el delito de cohecho activo trasnacional—.
Para el penalista Carlos Caro esta es una buena iniciativa “de carácter penal” que motivará a las compañías a iniciar “con programas de prevención” de delitos.
Entre las sanciones, por ejemplo, se contempla el incremento de multas con hasta 10 mil unidades impositivas tributarias (UIT), lo que equivale a 39 millones 500 mil soles.
Sin embargo, Caro advirtió que con el artículo 18 este decreto se pinta como uno “inconstitucional”. Y es que la norma exige que para que un fiscal formalice una investigación preparatoria contra una empresa, este deberá contar con un informe técnico de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). Es decir, una autorización.
La SMV es un órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas —por ende, que responde al Ejecutivo— que supervisa las actividades de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores. Por tanto, comentó el especialista, con esta ley se ampliarán sus funciones.
“El gobierno ha cometido un error, la SMV regula solo a empresas que cuentan con acciones en la bolsa ¿qué hará esta entidad cuando una metal mecánica incurra en corrupción en Abancay? No está preparada para atender estos casos, tampoco para ver lavado de activos y menos atender cuestiones de terrorismo”, explicó a Perú21.
Lo más preocupante para Carlos Caro es que el Ministerio Público puede estar “atado de manos” ya que, como estipula el decreto, solo con un informe de la SMV la Fiscalía podrá iniciar indagaciones contra un compañía.
“Mientras el informe no se emita la Fiscalía no puede formalizar la investigación preparatoria; acá lo que hace el Ejecutivo es poner un candado para controlar a qué empresas se investiga y a cuál no, y esto da pie a los lobbies y a hechos poco transparentes”, argumentó.
Indicó que el Ministerio Público no puede perder autonomía y menos cuando ya ha iniciado una megainvestigación para esclarecer el pago de coimas a funcionarios por parte de empresas brasileñas. Como se recuerda, Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que pagó sobornos por US$29 millones a servidores peruanos entre 2004 y 2014.
“Lo mejor es que esta norma sea derogada, se ha perfeccionado una ley y se ha dado un paso muy importante, pero ese candado preocupa; esto puede ser usado con fines políticos”, apuntó.
