COMPLIANCE GUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
-Sobre el Informe Final de la “Comisión Presidencial de Integridad”-
1. La Comisión Presidencial de Integridad presentó su Informe Final el pasado 4 de diciembre, el pasado 4 de diciembre, el cual tiene como antecedente
la Resolución
Suprema N° 258-2016-PCM de 19 de octubre de 2016,
mediante la cual el Poder Ejecutivo creó dicha Comisión para proponer en el
plazo de 45 días calendario medidas concretas que promuevan la integridad,
fomenten la transparencia en el sector público, así como la prevención y
sanción de la corrupción.
2.
Una de las principales propuestas del
Informe es impedir el ingreso o reingreso a la función pública, por cualquier
modalidad, incluidos puestos de confianza, de personas que hayan sido condenadas
por corrupción, narcotráfico y lavado de activos, aun cuando hayan cumplido la pena,
medida que va más allá del contenido del reciente Decreto
Legislativo N° 1243 que introdujo la llamada “muerte civil” aunque solo frente a
delitos contra la administración pública. El Informe plantea además prohibir
que las personas condenadas por delitos graves, tales como corrupción, narcotráfico,
crimen organizado y lavado de activos, se presenten como candidatos a cargos de
elección popular, no pudiendo incluso ser fundadores o ejercer cargos
directivos en las organizaciones políticas.
3.
En cuanto a las organizaciones políticas, se sugiere hacer efectivo el impedimento
de donaciones anónimas en favor de éstas o de su campaña electoral, sancionándolas
cuando no hayan cumplido con revelar su identidad. Tratándose de las
organizaciones políticas, las sanciones deberán comprender, en los casos más
graves, consecuencias de naturaleza también política, tales como la suspensión
o cancelación definitiva del registro, en el caso del aportante infractor la
sanción deberá ser pecuniaria.
4.
Respecto a las denuncias de actos de corrupción, se propone implantar la
obligación de las entidades públicas de contar con mecanismos para facilitar tales
denuncias, tanto de los ciudadanos como de los funcionarios. En el sector
privado, se propone crear un programa de recompensas que otorgue incentivos
monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector público,
proporcionando información útil y no conocida por las autoridades, y que
resulte en la aplicación de sanciones por actos de corrupción. Los denunciantes
de ambos sectores, tanto público como privado, contarán con un régimen efectivo
de protección, garantizándose incluso su situación laboral.
5.
Se propone además, la creación de juzgados anticorrupción en las regiones
que registran alta incidencia de estos delitos, la creación de una Fiscalía Suprema en Corrupción y Crimen
Organizado, y, la creación de la Procuraduría
contra el Crimen Organizado, la cual se encargará de los delitos de corrupción,
tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y procesos de pérdida de dominio
para enfrentarlos, según indica el Informe, sistémicamente.
6.
En lo que compete a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
se sugiere otorgarle la facultad de enviar al JNE y a la ONPE información de
inteligencia sobre lavado de activos. Asimismo, se propone facultar a las procuradurías
para obtener información de la UIF, de modo que se logre mayor eficiencia en la
recuperación de activos (embargos, incautaciones, decomisos, reparaciones,
etc.) durante la ejecución de sentencias.
7.
En cuanto al sector privado, la Comisión plantea que se establezcan alianzas y
acuerdos de colaboración con el Estado para promover la integridad en la
actividad empresarial. Asimismo, fomentar que las empresas grandes y
multinacionales trasladen sus prácticas anticorrupción a sus proveedores (anti
bribery compliance programs). También se resalta la necesidad de
ampliar el régimen de responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas
previsto en la Ley
N° 30424 (aplicable
solo a casos de corrupción trasnacional), a fin de
comprender todos los delitos de corrupción, tráfico de influencias y lavado de
activos, según corresponda, considerándose como eximentes de responsabilidad la
efectiva implementación de programas de prevención contra prácticas de
corrupción.
8.
Finalmente, adoptando en cierto modo
una de nuestras propuestas hecha pública el pasado 23 de noviembre de 2016 en
el Diario
El Comercio. La Comisión ha propuesto la implementación
de un sistema de Compliance o
Cumplimiento Gubernamental. Se propone la creación del Sistema de Integridad,
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, en donde se designará
funcionarios responsables de velar por la integridad gubernamental, teniendo
entre algunas de sus funciones supervisar el cumplimiento de programas de
integridad y ética, diseñar mapas de riesgo de corrupción y proponer
herramientas para enfrentarlos, así como promocionar esa cultura de integridad
en la sociedad a través de los organismos del sector público, sector privado,
universidades, medios de comunicación y sociedad civil. Así, y de modo expreso,
el Presidente de la Comisión de Integridad, Eduardo Vega Luna, señaló el 5 de
diciembre en una entrevista en La Hora N (minutos
22:36-25:00), que es necesario implementar ese Compliance Gubernamental, considerando
que ello no demandaría mayor personal y sólo tendría una función preventiva, no
sancionadora, permitiéndose detectar y depurar los riesgos de corrupción.
