Opinión de nuestro Socio Fundador, Carlos Caro Coria, sobre medidas planteadas por la Comisión Presidencial de Integridad, para la prevención y lucha contra la corrupción en el Estado.
Enlace web : 18-12-12- Perú 21
El lunes 5 de diciembre, la Comisión Presidencial de Integridad presentó un informe con medidas concretas para promover la integridad y el respeto a principios éticos en la función pública. El documento gira en torno a 20 ejes conformados por 100 medidas que buscan combatir la corrupción.
Sin embargo, ¿cuáles son las medidas más resaltantes? En esta oportunidad hemos escogido los diez ejes más importantes del informe para explicar y entender de qué manera lograrán la finalidad que persiguen.
Los diez ejes principales
Los siete primeros ejes están orientados a promover la integridad, prevenir y sancionar la corrupción. El primero de ellos sugiere evitar el delito de tráfico de influencias mediante tres medidas concretas. Cabe precisar que este ilícito puede ser cometido por cualquier persona que venda influencias reales o simuladas. Según la comisión, este acto debilita la misión que el Estado persigue y por ello es esencial su erradicación.
También, se propone impedir el ingreso o reingreso a la función pública de personas condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Las medidas planteadas en este eje deben alcanzar al Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales.
Asimismo, se ha recomendado transparentar el Sistema de Contrataciones del Estado, mediante la implementación de 17 medidas orientadas a promover que los contratos celebrados por el Estado eviten elementos cuestionables durante el proceso de contratación y se adquieran productos o servicios de calidad. El abogado Carlos Caro señaló a Perú21 que “una de las principales fuentes de corrupción en el Estado se da en estos casos”.
Un ejemplo reciente son las compras de computadoras realizadas por el Ministerio de Educación (Minedu), involucradas en un presunto caso de corrupción. Como es sabido, dicha compra fue realizada mediante los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. Este es un método de contratación especial en el que una entidad celebra un contrato sin utilizar un procedimiento de selección, en caso de que dicho catálogo contenga el bien o servicio que se requiere.
Otro de los ejes planteados es evitar la corrupción en las obras públicas de infraestructura y fortalecer la autonomía de los organismos reguladores, lo cual, según se señala en el informe, es uno de los factores de corrupción que más desconfianza genera en la ciudadanía. También se indica que este ilícito ocurre por la falta de un Plan Nacional de Infraestructura, la poca transparencia, presentación de postores únicos y los indicios de concertación entre postores.
Con el objetivo de informar sobre casos de corrupción, este eje promueve la denuncia y protección a los acusadores. Para ello, consideran necesario contar con mecanismos de fácil acceso para denunciar estos ilícitos, así como medidas para el resguardo a denunciantes, testigos y personas involucrados en estos delitos que colaboren en la investigación.
Eduardo Vega, presidente de la Comisión Presidencial de Integridad, declaró a este medio su recomendación de incorporar un programa de recompensas para personas que denuncien a “funcionarios corruptos tanto en el sector público como el privado”.
El informe de la Comisión Presidencial de Integridad, a diferencia de lo que ocurre actualmente, ha planteado limitar la inmunidad parlamentaria solo en los casos en los que los congresistas hayan sido condenados mediante sentencia firme con prisión efectiva por delitos dolosos realizados antes de iniciar su función parlamentaria. Ello sin contar con la aprobación de ningún órgano del Congreso.
Otra propuesta es promover la integridad en el sector privado, pues la comisión considera que tiene una participación relevante en el desarrollo económico y social del país. Por ello, considera que la posibilidad de que también exista corrupción en las empresas afecta también su avance.
Los tres últimos ejes tratan sobre los mecanismos de seguimiento y promoción de una cultura de integridad. El primero de ellos busca fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la cual está orientada a proponer políticas que prevengan y sancionen estos delitos.
El segundo eje propone crear el Sistema de Integridad en el Poder Ejecutivo. Y el tercero plantea crear el observatorio de monitoreo y evaluación de la implementación de las medidas propuestas en dicho informe.
El proceso de ejecución
Allan Wagner, miembro de la Comisión Presidencial de Integridad, declaró que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, se encuentra analizando y catalogando las propuestas del informe, para determinar cuáles son las medidas que podrán ser realizadas por las facultades delegadas o los instrumentos propios del Ejecutivo, y cuáles deberán remitir como proyectos de ley al Congreso.
Asimismo, asegura que el presidente Pedro Pablo Kuczynski manifestó a los miembros de la comisión que la llamada declaración de intereses será implementada antes de final de año.
Como peruanos, hemos sido tolerantes al aceptar actos de corrupción a cambio de obras mediocres. Esperemos que con las medidas propuestas se logren mejoras en la función pública, mas no se debe olvidar que para lograr un cambio real se requiere de un trabajo en conjunto con la ciudadanía.
Tenga en cuenta
El Índice de Percepción de Corrupción 2015, elaborado por la organización Transparencia Internacional, mostró un retroceso de Perú de tres puestos, colocándonos en la posición 88 de un total de 168 países analizados a nivel mundial.
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) tiene como objetivo coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el Perú. No obstante, la institución solo contó con S/1’143,140.00 de presupuesto para el año 2016.
