ASPECTOS PENALES DEL PEDIDO DE FACULTADES LEGISLATIVAS DEL PODER EJECUTIVO
El 8 de septiembre
el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso de la República, mediante el Proyecto
de Ley N° 228/2016-PE, facultades para legislar y realizar reformas en materia
de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la
corrupción, agua y saneamiento, y la reorganización de Petroperú, por el
término de ciento veinte días calendario.
Son varios
los aspectos penales de la propuesta. En cuanto a la reactivación de la
economía y formalización, entre otros aspectos, se resalta la reducción del IGV
y el incremento del impuesto a la renta empresarial de los contribuyentes
domiciliados, regulación jurídico-tributaria especial para las micro y pequeñas
empresas; y, el perfeccionamiento del marco legal del proceso de formalización
y lucha contra la minería ilegal, de modo tal que, sea una minería sostenible,
compatible con el medio ambiente y a través de un proceso ordenado y
simplificado. Ello significa que la reforma podría implicar una revisión de los
tipos penales en materia de delitos tributarios y de minería ilegal.
En torno a
la seguridad ciudadana se propone modificaciones normativas a la legislación
penal, procesal penal y de ejecución penal. En particular sobre beneficios
penitenciarios y acumulación de penas, “para contribuir con la lucha contra el
crimen organizado, la delincuencia común, la violencia contra la mujer y las
afectaciones a la infraestructura e instalaciones de hidrocarburos”.
Se plantea modificar el artículo 317° del Código Penal que regula el delito de
asociación ilícita para delinquir, con la finalidad que se efectúe correcciones
por “Organización Criminal” (sic), también se busca tipificar la figura de
“Banda criminal” con el objetivo de intervenir a las organizaciones criminales,
de modo que “por el solo hecho de reunirse y planificar sus delitos” sean
pasibles de una sanción penal.
En lo que respecta a las modificaciones al Código Procesal Penal, se propone
restringir la aplicación de la terminación anticipada y la confesión sincera;
sin embargo, en el citado proyecto no se mencionan ante qué supuestos se
restringirían.
Además, se
plantea fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activo y el financiamiento
del terrorismo, otorgando mayores facultades a la UIF-Perú. La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) Perú no puede acceder al secreto bancario y la reserva
tributaria, frente a lo cual se plantea brindar dicho acceso, no sólo para
estar acorde con los estándares
internacionales,
sino también porque serviría de sustento en el marco de las investigaciones y
procesos penales por lavado de activos.
También en
el marco de lucha contra los delitos de lavado de activos y financiamiento de
terrorismo, se busca modificar los alcances de la Ley N° 30424, que regula la
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de
cohecho activo transnacional, para incluir la responsabilidad autónoma o directa
de las personas jurídicas involucradas en estos delitos, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que haya contra las personas naturales que se vean
involucradas.
Finalmente en este apartado, se estipula ampliar los alcances de la norma en
cuanto a los delitos de peculado, colusión, cohecho activo genérico, cohecho
activo específico y tráfico de influencias, no incluyéndose mayores detalles.
En cuanto
a la lucha contra la corrupción, se propone la creación de la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a la información Pública, la cual tendrá acceso
a la información pública y datos personales, teniendo como objetivo garantizar
la eficacia del derecho de acceso a la información, así como crear un sistema
de acciones para aquellos funcionarios que entorpezcan la entrega de la misma.
Entre
otros aspectos, se desea establecer mecanismos de denuncias que permitan el
anonimato, la restricción de los condenados por delitos contra la
administración pública para que no puedan ingresar a laborar al sector público,
y la creación de un registro de sanciones impuestas a los abogados a nivel
nacional, a fin de que la ciudadanía tome una decisión adecuada al momento de
su contratación, incentivando con esta medida la transparencia y buenas
prácticas.
En
relación a la materia sobre el agua y saneamiento, se propone promover el
acceso a dichos servicios, así como modernizar la gestión de las empresas
prestadoras de tales servicios. Finalmente, en cuanto a la reorganización de
Petroperú, se pretende legislar con el fin de garantizar la confiabilidad en el
abastecimiento de hidrocarburos, mediante la creación de un marco para el fortalecimiento
institucional de las entidades involucradas en su administración y operación.
